Han surgido polémicas por las recientes declaraciones del jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, quien habría expresado en los medios de comunicación que los derechos humanos no deberían aplicarse a los 18 detenidos relacionados con el caso del Tren de Aragua.
Estas declaraciones surgieron después de que un tribunal en Perú decidiera liberar a los detenidos en un club nocturno que supuestamente tienen vínculos con esta organización criminal. Según el jefe policial, esta decisión no ha tenido en cuenta los derechos fundamentales de las víctimas del Tren de Aragua, que ha causado graves daños en el país.
El pasado domingo, la jueza Nathaly Acosta del juzgado sexto de investigación preparatoria de la corte de Lima decidió no ordenar la prisión preventiva de los 18 detenidos, citando aparentes inconsistencias en el expediente.
El Tren de Aragua es una banda criminal originada en Venezuela, pero debido a la migración forzada causada por problemas económicos y políticos en ese país, la organización ha extendido su alcance hacia Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, entre otros.
Recientemente, la policía peruana logró un golpe importante contra esta organización al detener a las 18 personas en una operación.