Como se hacía antes en Ciudad Guayana

(Prensa Concejales MUD) La Comisión de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario del consejo municipal en Caroní, realizó de manera extraordinaria  un encuentro con representantes gremiales, vecinos afectados y representantes de las fuerzas vivas, para tratar el tema de la fuga de alúmina calcinada procedente del área de calcinación de alúmina de CVG Bauxilum, el pasado 5 de septiembre y hasta la fecha, la ciudad no ha tenido respuestas oficiales de este incidente ambiental que afecto al ciudadano guayanés.

Aliana Estrada, presidenta de la comisión destacó que ha sido una situación alarmante, toda vez que a consecuencia del covid 19, muchas personas quedaron con sus vías respiratorias afectadas y que este contaminante les afecta directamente.

“Recibimos al presidente  del Colegio de Médicos, representante de la comisión de DDHH del colegio de abogados, una nutrida representación de vecinos afectados en la parroquia Unare y parte de la parroquia Universidad quienes reiteraron que hasta la fecha, aún continúan las denuncias  sobre la  afectación pulmonar que generó este incidente y que altera la economía de estas familias” expresó.

Es por ello, que la comisión de ambiente realizó esta reunión para escuchar de primera mano a los representantes de la sociedad civil, quienes de alguna  manera han hecho sus investigaciones, con miras a construir una resuelta de recomendaciones que permitirían al ente público conocer las soluciones a estos temas o en su defecto, proponer algunas acciones que se deben ejecutar para que este hecho no se vuelva a repetir.

De manera expedita, solicitan al ente rector del holding CVG que se retorne a la red de vigilancia de la atmósfera en la ciudad, como se hacía en otrora. Esta red dejó de funcionar y se hace necesario su activación para conocer los  niveles de contaminación que generan las industrias del estado.

De este encuentro también se recogieron impresiones a los fines de  elaborar un documento que se presentará ante los organismos del estado venezolano y ante la opinión pública para que se tomen las acciones correctivas y pertinentes.

Desinversión y negligencia  

La edil señaló que en el caso de pretender volver a arrancar una planta de este tipo, se deben tomar los correctivos pertinentes que garantice la operatividad efectiva de sus equipos, para que este hecho, no vuelva a ocurrir. Y allí es desde donde partirá la Comisión de Ambiente para llamar la atención de todos los que intervienen en los procesos industriales.

Bajo esta premisa, los concejales integrantes de la comisión exigen al estado venezolano respuestas en torno al accidente que generó un foco de contaminación, como resultado de 20 años de desinversión y abandono de todo el aparato productivo guayanés, conocido como empresas básicas y que en la actualidad son un conjunto de factorías obsoletas e improductivas que solo generan un incalculable daño ambiental versus a la poca productividad.

Vale la pena, resaltar que a 20 días de ocurrida la situación, las autoridades de la reductora de alumina no han emitido aún un informe  de este incidente; así como tampoco ha reconocido su responsabilidad ante  el daño ambiental que lesionó la salud de los vecinos afectados.

Estrada enfatizó que requiere saber cual es la causa real de la fuga y cómo funciona la aplicación de la Ley Penal del Ambiente, frente a este tema.

Aquí quedó en evidencia –puntualizó- que el gobierno no ha cumplido con su función, de ser garante de que los procesos se den, con las condiciones de seguridad en las cuales se garantice la salud y seguridad de los trabajadores y los ciudadanos.

“Ya el daño está hecho, no se puede revertir, ya se violó un procedimiento que es el permiso de trabajo, ese permiso tiene una valoración de los  procedimientos seguros para que el proceso sea óptimo y arroje seguridad; evidentemente no se dio, toda vez que viene de una supuesta parada de mantenimiento de la planta” aseguró la edil Estrada.

Por ello, los miembros de la comisión seguirán insistiendo en el tema, debido a que es un caso en el cual se lesiona la salud pública de los venezolanos.